Abogados de Familia y Herencias

Las parejas de hecho, a diferencia del matrimonio, no están reguladas a nivel estatal. No existe una ley de ámbito nacional, sino que cada Comunidad Autónoma ha regulado su propia ley de Uniones de Hecho. Esto implica que existan diferencias sustanciales en cuanto a su normativa sobre los requisitos esenciales y necesarios para constituirse como pareja de hecho.

Las Uniones de Hecho por tanto comparten algunos elementos con el matrimonio, pero no son equiparables, aunque mucha gente piense que sí. Una pareja de hecho se forma por dos personas que no quieren contraer las consecuencias personales y patrimoniales que conlleva el matrimonio.

Si necesita asesoramiento antes de una Unión de Hecho o para su disolución, le recomendamos contar con abogados de familia.

Los padres pueden ser privados de la patria potestad por falta del ejercicio de los derechos y sobre todo cuando incumplen los deberes que se derivan de misma. Esta privación siempre será por sentencia judicial tras la tramitación del correspondiente juicio ordinario.

Los padres también pueden ser privados o suspendidos del ejercicio de la patria potestad cuando su conducta ponga en peligro la formación de los menores o incapaces o cuando se les trate con una dureza excesiva. Esto incluye no sólo fuertes castigos físicos sino toda clase de actos que supongan crueldad o abuso de autoridad.

Los padres podrán ser restituidos en la patria potestad si acreditan que ya no concurren las circunstancias que motivaron su privación. Nuestro consejo es recurrir siempre a un buen abogado de familia, que le informará sobre la conveniencia de iniciar las correspondientes acciones legales.

El artículo 158 del Código Civil español se encuentra en el Título VII de las relaciones paterno-filiales, y más concretamente en el Capítulo I sobre las disposiciones generales.

Dicho artículo contempla algunas de las medidas de protección del interés de los menores que podrá dictar el Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal. Las medidas contempladas con las siguientes:

1.º Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres.

2.º Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.

3.º Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por terceras personas y, en particular, las siguientes:

1. Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
2. Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.
3. Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.

4.º La medida de prohibición a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente, con respeto al principio de proporcionalidad.

5.º La medida de prohibición de comunicación con el menor, que impedirá a los progenitores, tutores, a otros parientes o a terceras personas establecer contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, con respeto al principio de proporcionalidad.

6.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses.

En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado comunicará las medidas a la Entidad Pública.

Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria.

Una vez disuelto el régimen económico matrimonial bien mediante capitulaciones matrimoniales bien mediante separación, divorcio o fallecimiento de uno de los cónyuges se procede a la liquidación del régimen económico.

La liquidación del régimen económico matrimonial se puede realizar de mutuo acuerdo en el mismo procedimiento de separación o divorcio recogiéndose en el Convenio Regulador o bien a través de escritura ante Notario.

Si no se realiza de mutuo acuerdo habrá que acudir a la vía judicial, debiéndose seguir varios trámites como son:

• El de formación de inventario;
• Solicitud de liquidación con propuesta de liquidación, señalándose una comparecencia por el Letrado de la Administración de Justicia al objeto de alcanzar un acuerdo.
• Si no se alcanza acuerdo se designara un Contador y en su caso peritos para la práctica de las operaciones divisorias.
• El Contador en un plazo no superior a dos meses deberá realizar las operaciones divisorias procurando evitar la indivisión así como la excesiva división de las fincas.
• De estas operaciones el Letrado de la Administración de justicia dará traslado a las partes por plazo de diez días para que, en su caso, formulen oposición. Si no hay oposición dictara Decreto aprobando las mismas.
• En caso de oposición se resolverá por el Tribunal sobre las operaciones liquidatorias.

Más información

Asesoramiento a albaceas y contadores–partidores; Impugnación judicial de testamentos; Partición de pro-indivisos; Albaceazgo y Juicio Voluntario de Testamentaría.

Si no es viable el acuerdo entre herederos, iniciamos las pertinentes acciones judiciales para la división y adjudicación de la herencia del causante.